TRUMP PROPONE LA POLÉMICA 'GOLD CARD': CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE POR 5 MILLONES DE DÓLARES
El anuncio de la Gold Card
El presidente de Estados Unidos Donald Trump sorprendió al escenario político internacional con el anuncio de un nuevo programa migratorio bautizado como gold card visa program. Esta iniciativa busca ofrecer residencia permanente y eventual ciudadanía estadounidense a cambio de una inversión directa de 5 millones de dólares, sin requerir que los solicitantes generen empleos ni inviertan en negocios locales. El anuncio, realizado con un tono triunfalista, plantea un cambio radical respecto a los esquemas tradicionales de inmigración por inversión, generando intensos debates éticos y políticos.
La propuesta llega en un momento en que la migración y la economía estadounidense se encuentran en el centro de la discusión global. Trump afirmó que los ciudadanos adinerados que compren la tarjeta dorada contribuirán con grandes sumas de dinero, pagarán impuestos y generarán consumo, lo que beneficiará a la economía local. No obstante, la simple idea de ponerle precio a la ciudadanía estadounidense ha levantado fuertes críticas de múltiples sectores.
El contraste con el programa EB-5
Desde 1990, el programa EB-5 ha ofrecido un camino a la residencia para inversionistas extranjeros, exigiendo una inversión mínima de 1.05 millones de dólares o 800,000 dólares en áreas específicas, con la condición de crear al menos diez empleos para ciudadanos estadounidenses. Este esquema buscaba atraer capital extranjero y, al mismo tiempo, fomentar la creación de puestos de trabajo, especialmente en sectores clave como la construcción, el turismo y los servicios.
La gold card, en cambio, elimina ese requisito fundamental. Se trata de una ruta directa de ciudadanía a cambio de dinero, lo que representa un giro profundo en la filosofía de la política migratoria estadounidense. El secretario de Comercio, Howard Lutnik, calificó al EB-5 como un programa lleno de fraude y acceso barato a la residencia, defendiendo la nueva propuesta como un modelo más claro y directo.
Implicaciones éticas y legales
El planteamiento de vender la ciudadanía estadounidense como si fuera un producto de lujo trae consigo riesgos de gran escala. Críticos del proyecto sostienen que el sistema podría volverse vulnerable al lavado de dinero y a la influencia extranjera indebida, si no se establecen estrictos mecanismos de control. La posibilidad de que oligarcas rusos, empresarios chinos o inversionistas de países con baja transparencia accedan a la ciudadanía estadounidense sin mayor escrutinio genera gran preocupación en los organismos de seguridad y en la comunidad internacional.
Además, cualquier cambio significativo en la política de inmigración requiere aprobación del Congreso, lo que introduce un componente político delicado. Aunque los republicanos mantienen mayoría, no todos están dispuestos a respaldar un plan que parece mercantilizar la identidad nacional. Los demócratas, por su parte, han mostrado un rechazo casi unánime, argumentando que se trata de una medida discriminatoria que favorece el dinero sobre el mérito.
Un mercado para millonarios globales
Los defensores del programa insisten en que esta iniciativa atraerá a individuos con alto patrimonio neto dispuestos a invertir en bienes raíces, hoteles de lujo, startups tecnológicas y otros sectores estratégicos de Estados Unidos. En teoría, el ingreso de grandes fortunas privadas estimularía la economía interna y reforzaría el estatus del país como polo de atracción de capital global.
Sin embargo, el elevado precio de la gold card —5 millones de dólares, equivalentes a unos 43 crore rupias en India— limita el acceso a un número muy reducido de inversionistas. En 2023, apenas 631 ciudadanos indios obtuvieron la green card mediante el programa EB-5. Con un costo tan alto, es probable que la participación en el nuevo esquema sea aún menor, restringiendo sus posibles beneficios macroeconómicos.
Impacto en la geopolítica migratoria
La propuesta no puede analizarse únicamente desde una óptica económica. En un mundo en el que países como Canadá, Portugal y Emiratos Árabes han establecido programas de residencia por inversión con requisitos financieros mucho más bajos, el plan de Trump coloca a Estados Unidos en una posición atípica. Mientras otras naciones buscan atraer talento y capital ofreciendo visas accesibles a emprendedores y profesionales, Washington estaría cerrando la puerta a la clase media-alta global y abriéndola únicamente a los ultramillonarios dispuestos a pagar por un pasaporte dorado.
Este enfoque podría reconfigurar los flujos migratorios internacionales, generando tensiones con países emergentes que verían salir capitales hacia Estados Unidos sin una contraprestación clara en creación de empleos o innovación. Además, la medida plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de una política migratoria centrada en la riqueza personal en lugar de en la productividad o la integración cultural.
Perspectivas económicas y riesgos
Los promotores del programa sostienen que el simple acto de recaudar miles de millones de dólares en ventas de tarjetas doradas sería suficiente para justificar la medida. Estos fondos podrían financiar infraestructura, programas sociales o iniciativas de seguridad nacional. Sin embargo, expertos en economía señalan que el dinero recaudado sería marginal comparado con el impacto potencialmente negativo de desincentivar inversiones productivas y sustituirlas por transacciones pasivas de compra de ciudadanía.
Asimismo, se abre un terreno de disputa legal. El sistema judicial estadounidense podría recibir demandas relacionadas con discriminación, violación de principios constitucionales y conflictos de interés. Organismos como la USCIS y el Departamento de Comercio tendrían que diseñar regulaciones precisas para garantizar transparencia, pero la viabilidad práctica de este modelo sigue siendo cuestionada.
Riesgo de reputación internacional
Más allá de lo económico, Estados Unidos enfrenta un riesgo reputacional considerable. El país históricamente ha defendido un modelo de mérito, innovación y esfuerzo individual como pilares de su narrativa migratoria. Convertir la ciudadanía en un producto financiero puede enviar un mensaje contradictorio al mundo, debilitando la autoridad moral de Washington en debates internacionales sobre democracia, inclusión y justicia.
Posible freno político interno
En el plano interno, la polarización partidista marcará el futuro de la iniciativa. Algunos sectores del Partido Republicano podrían abrazar el discurso de atraer capital como una forma de fortalecer la economía y reducir déficits. Otros, sin embargo, podrían rechazar la idea de convertir la nacionalidad en un artículo de lujo reservado para millonarios globales. La reacción de la opinión pública también será clave, ya que muchos estadounidenses podrían percibir la medida como un símbolo de desigualdad extrema.
Efecto en comunidades inmigrantes
La gold card también reaviva tensiones entre diferentes comunidades inmigrantes. Mientras millones de trabajadores extranjeros deben esperar años para obtener una residencia legal a través de procesos engorrosos y estrictos, el nuevo programa ofrecería una vía rápida a quienes puedan pagar una cifra desorbitada. Esta dualidad podría profundizar la percepción de que el sistema migratorio estadounidense favorece a los ricos y margina a los trabajadores.
Conclusiones
La gold card visa program de Donald Trump representa un giro sin precedentes en la política migratoria de Estados Unidos. Al proponer la venta de ciudadanía por 5 millones de dólares, la iniciativa pone en tela de juicio los principios históricos del sistema migratorio, priorizando la riqueza personal sobre el mérito, la creación de empleos o la integración cultural. Aunque promete atraer capitales privados, los riesgos éticos, legales y reputacionales son considerables. El contraste con el tradicional programa EB-5 subraya la radicalidad de la propuesta, que pasaría de incentivar la inversión productiva a permitir la compra directa de pasaportes.
El futuro del proyecto dependerá de la aprobación en el Congreso, la reacción de la opinión pública y la capacidad del gobierno para diseñar un marco regulatorio sólido. Sin embargo, incluso si se implementara, su alcance real podría ser limitado debido al altísimo costo y a la competencia de programas más accesibles en otros países.